Malas prácticas. Carta al don Asencio Mellado
FUENSANTA DURANTE MARTÍNEZ
S u carta expresa aquello que todos los que hemos estado relacionados con el PSOE valenciano sabemos. Que el PSPV se vale de empresarios para realizar afiliaciones que den poder orgánico al político (por llamarlo de alguna forma) no es nada nuevo. En el verano del año 2002 y antes de las primarias en Orihuela, recibí desde el PSOE de Madrid un paquete con 25 fichas para que yo, como secretaria de organización del PSOE oriolano, comprobara que esas personas querían ser militantes. Esas fichas, que Vicent Sarriá había enviado desde Valencia hasta Ferraz, sin cumplir con los estatutos que establecen que la Comisión Ejecutiva Local debe tramitarlas, pertenecían todas a miembros de dos familias y partidarios de cierto empresario. En aquellos momentos envié una carta a cada una de las personas que supuestamente pedían la afiliación, y que no la habían solicitado jamás a la agrupación, pidiéndoles que acudieran a la sede para hacerla efectiva. Nadie acudió a solicitarlo. Sin embargo Vicent Sarriá no sólo intentó que se afiliaran de forma irregular sino que me amenazó en reiteradas ocasiones para que los incluyera en el censo. Nunca habíamos negado la entrada al partido a ninguna persona, pero el requisito de que esta se presentara en persona se hizo obligatorio, por mi parte, después de sufrir una denuncia de falsas afiliaciones, por el propio sector de Sarriá, meses antes. Denuncia que después demostraríamos que se basaban en datos falsos y que esas afiliaciones las habían avalado los propios denunciantes. Hace ahora poco más de un año reclutaban militantes para el nuevo PSOE oriolano un alcalde socialista de la comarca (asociado en operaciones como intermediario en compras de terrenos que después se recalifican, de un ex alcalde del PP condenado) y de una teniente de alcalde del PP. Por otro lado se movía reclutando la dirección de la Cámara de Comercio de Orihuela en determinadas pedanías. Estas relaciones con empresarios de Sarriá y de Plá han llevado a decir en público a este último que ojalá hubiera llevado a cabo estas acciones antes. Está claro que es más rentable tener estas relaciones que las que podía tener con nosotros (la antigua dirección del PSOE). Nosotros sólo nos hemos dedicado a trabajar y defender los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los empresarios honrados a los que nunca se les tiene en cuenta. Y no al contrario. La existencia de afiliados que están controlados por algún empresario tiene dos fines para el propio empresario: 1. - Se asegura que los cargos del partido controlados nunca actúen en contra de sus intereses. De ahí los problemas graves que tuvimos en la anterior legislatura cuando en plena campaña electoral concejales del PSOE en Orihuela decían cada día que nunca votarían a su candidato, que este era el enemigo público número uno; pero no decían que era porque denunciábamos a un empresario determinado. Estos ataques no sólo eran permitidos sino que además estaban alentados por la cúpula del PSPV permitiendo que el resultado electoral (del que nos culpan totalmente) se viera gravemente resentido. Aquel candidato atacado era García Ortuño y como todos saben si es enemigo público de algo es de la corrupción a la que lleva denunciado en Orihuela desde el año 2000 y que ha llevado al Fiscal Anticorrupción a denunciar en 16 causas abiertas en los juzgados al alcalde de Orihuela por más de treinta presuntos delitos. Para los cargos del partido las ventajas son que se aseguran su financiación y además esa afiliación le da el poder para mantenerse en su puesto orgánico y optar a cargos electos. Estas practicas, a los que los miembros de la antigua agrupación de Orihuela nos opusimos, son las que han hecho que municipios nefastamente gestionados por alcaldes del PP en las últimas legislaturas como son los Orihuela o Alicante sigan en mano de esos partidos. Cada una de las personas que en política se dedica a trabajar y no a lo «otro» salen escaldado del PSPV sino que le pregunten al Secretario General de Alicante que tuvo que dimitir con el caso Rabasa como si el «delincuente» fuera él y no al contrario. Lo más importante es mantener el «sueldo» del político y el de sus familiares (que paradójicamente comen muchos del PP y de sus empresario y a veces sin trabajar casi) dándole cancha a esos empresarios, que mantenerle puesto trabajando y con la ayuda de los militantes verdaderos, que se han afiliado por ideología. A este paso hay populares para los siglos de los siglos.
